En realidad se debe a cuestiones mas intrincadas que tienen que ver con el manejo del poder.
La AFIP va al grupo Clarin, y a los famosos pero no se mete con las irregularidades del Ex (¿?)presidente y sus amigos y testaferros.
Aqui la prueba documentada de esta afirmacion:
Extracto Del Libro "El Dueño" Luis Majul. Editorial Planeta Argentina año 2009, pags 111-116
Cada uno de los datos aportados en la presentación de bienes del ex presidente genera suspicacias.
-La declaración jurada de Kirchner no cierra por ningún lado. Ni la de 2008 ni la de 2007 tampoco -le escucharon decir a Manuel Garrido, ex fiscal de Investigaciones Administrativas, el único hombre del Estado que quiso investigar de verdad la fortuna del ex presidente.
Garrido está seguro de que la embestida del procurador general Esteban Righi tuvo que ver con su decisión de investigar la fortuna del ex presidente.
-Righi limitó las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuando Garrido libró una serie de oficios a Santa Cruz para corroborar los datos dudosos de la declaración jurada de Kirchner -reveló alguien que conoce muy bien al ex fiscal.
Meses después de la decisión de Righi, Garrido renunció y se fue a trabajar al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento [CIPPEC].
Garrido siempre mantuvo su independencia, a pesar de las presiones.
El fiscal de Investigaciones Administrativas denunció, por ejemplo, los vuelos del ex secretario Ricardo Jaime en taxis aéreos pagados por empresarios como Claudio Cirigliano.
Enfrentó a Guillermo Moreno y sus "batata entry", que ingresaban datos falsos a las estadísticas del INDEC.
Ayudó a probar la responsabilidad de Felisa Miceli en el caso de la bolsa con dinero que se encontró en el baño de su despacho del Ministerio de Economía.
-Le perdonaron todo, menos que se metiera con el número uno. Por eso Righi le limitó las atribuciones -interpretó alguien que conoce los entretelones del Poder Judicial.
En febrero de 2008 Garrido decidió tomar en serio la denuncia de Ricardo Monner Sans.
El abogado se preguntaba si el desmesurado incremento patrimonial de Kirchner podía constituir el delito de enriquecimiento ilícito. Su pregunta determinó que se abriera una causa de inmediato. Les tocó en suerte al fiscal Eduardo Taiano y al juez Rodolfo Canicoba Corral.
Taiano ya la había pasado mal durante 2004.
Fue cuando le "cayó" la primera causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el entonces presidente Néstor Kirchner.
A pocas horas de decidir si el jefe de Estado merecía ser imputado, su hijo sufrió un secuestro express. Taiano se asustó, y el juez Julián Ercolini sobreseyó a Kirchner por falta de mérito. De cualquier manera Ercolini se cuidó de aclarar que el período investigado llegaba hasta 2004. Es decir: dejó el camino expedito para una nueva denuncia. Monner la hizo y Taiano tuvo así una segunda oportunidad.
Pero, una vez más, no encontró el mérito suficiente para seguir investigando a Lupo.
Canicoba encontró en la decisión de Taiano la excusa perfecta. Y el 11 de abril de 2008 escribió que le era imposible seguir investigando, porque su fiscal no había encontrado los elementos para hacerlo.
Cinco días después, Garrido se indignó y presentó un recurso de apelación para que no se desestimara la denuncia contra Kirchner.
La queja del funcionario público contra la decisión de Taiano y el juez fue brutal.
Calificó la desestimación de "prematura e irrazonable".
Llamó la atención a ambos por haber dado por verdaderas y fehacientes las declaraciones de Kirchner y de su contador Manzanares sin cruzar datos ni investigar lo mínimo.
Denunció que Manzanares no había presentado ni un solo documento probatorio de sus dichos.
Informó que hasta faltaba el número de CUIT de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.
Explicó que a los comprobantes de órdenes de pago emitidos por Rutas del Litoral les faltaban datos básicos como la modalidad de abono de los alquileres.
Aseguró que Kirchner no presentó las escrituras de compra y venta de inmuebles, el contrato de constitución de un fideicomiso que había formado con Báez ni los comprobantes de las deudas y los créditos.
Garrido señaló además que tampoco se habían presentado los comprobantes de las transacciones bancarias, las rentas por inversiones y los pagos de los alquileres de los inmuebles.
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas no usó adjetivos calificativos, pero cualquiera que lea su texto no dudará de sospechar que ni Taiano ni Canicoba tenían algún interés en investigar el patrimonio presidencial.
De postre, Garrido les informó que, si se hubieran tomado el trabajo de comparar las declaraciones juradas de Néstor y Cristina, habrían detectado, a simple vista, incongruencias o inconsistencias tales como:
* Diferencias entre los importes declarados.
* Diferencias en las fechas de alta y baja de varios inmuebles.
* Importes de dinero que figuran en una declaración jurada y no aparecen en la otra.
No está de más recordar, otra vez, que las declaraciones de los integrantes de un matrimonio deben ser idénticas.
-No era que estaban flojos de papeles. Era que no tenían ni un solo documento que respaldara la información -comentaron algunos funcionarios que ayudaron al fiscal de Investigaciones Administrativas.
Antes de poner la firma, Garrido acusó a Taiano y a Canicoba de estar demasiado apurados para desestimar la denuncia. Se sabe: una de las maniobras típicas para zafar de una condena por enriquecimiento es acelerar el trámite para enseguida rechazar la acusación y así lograr el sobreseimiento definitivo.
La persistencia de Garrido y de la Cámara Federal determinó que la causa permaneciera abierta, suspendida, a la espera de que el fiscal y el magistrado decidieran reactivarla.
-El poder solo puede ser investigado cuando se empieza a debilitar -explicó un juez federal que maneja otra causa muy importante que involucra a Kirchner y a otros funcionarios.
Se trata de un "tiempista" que espera el momento justo para caerle al sospechoso de turno. El juez está preocupado por el constante ataque a los que llama "los buenos profesionales de la Justicia ".
-Los juzgados fueron copados por los "emisarios K" -denunció.
Los "emisarios K" se ocupan de detectar por dónde puede saltar la próxima denuncia. Cuando los dejan, intentan disuadir a fiscales y magistrados de que sigan avanzando contra las principales figuras del gobierno nacional.
Pero algo tan malo como lo que sucede en tribunales viene pasando en la AFIP desde hace un par de años. La diferencia es que muy poca gente lo sabe.
"Copamiento" es el término apropiado para poner las cosas en negro sobre blanco.
Primero fueron por el histórico número uno de la AFIP , Alberto Abad, un hombre equilibrado que no era de la confianza de Kirchner porque había asumido el 6 de enero de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde.
Apenas se hizo cargo Kirchner, Abad tuvo la osadía de "probar" su disposición para ir a fondo.
En su primer discurso como Presidente ante la Asamblea Legislativa , el 25 de mayo de 2003, Néstor había prometido "trajes a rayas" para los grandes evasores.
Meses después, Abad le llevó a su despacho una enorme carpeta con la listas de las empresas que estaba investigando y que pensaba mandar a la justicia penal.
-Acá tiene, Presidente -le dijo.
Ambos pudieron ver con claridad cuál era la primera de la lista: la pesquera Conarpesa.
Conarpesa había sido el primer gran escándalo de la administración K.
El 3 de febrero de 2004 la directora regional de Río Gallegos, Beatriz Carballal, la había denunciado por evasión fiscal. En una nota interna de la AFIP , Carballal afirmó que Conarpesa habría obtenido divisas de manera irregular por casi medio millón de dólares. La pesquera habría cobrado reembolsos al "inflar" importaciones que en verdad no había realizado.
Antes de terminar el mes, Carballal fue desplazada.
La reemplazó Ricardo Echegaray, quien en 2004 asumiría en la Adua na para terminar aterrizando el 9 de abril de 2008 como máximo responsable de la AFIP
El 4 de marzo del mismo 2004, Elisa Carrió presentó un informe sobre la financiación de la campaña presidencial.
En ese documento denunció que Conarpesa había financiado la campaña de Kirchner y que, no solo estaba siendo investigada por evasión, sino también por narcotráfico, en relación con la denominada "Operación Langostino". Además sugirió que la denuncia por evasión y narcotráfico había sido uno de los motivos por los que habrían asesinado a un ex socio de la pesquera, Raúl "Cacho" Espinosa.
Al colocar las carpetas sobre el escritorio presidencial, Abad preguntó:
-Vamos para adelante, ¿no?
-Vamos para adelante, sin ninguna duda -contestó el Presidente.
Meses más tarde, Abad volvió a probar al jefe de Estado. ¿Cómo lo hizo? Sin preguntar ni pedir permiso, mandó a la justicia penal a las primeras empresas a las que les encontraron facturas apócrifas. La causa madre se llama "De Biase y otros" y arrancó en 2005.
-Esa fue la gran jugada de Alberto. Porque, una vez que las actuaciones de la AFIP pasan a la Justicia , ya nadie puede pararlas desde el poder político -explicó un ex colaborador de Abad.
Las facturas apócrifas, o "truchas", son recibos falsos emitidos por empresas fantasma. Esas empresas "venden" las facturas a otras compañías que necesitan "inventar" pagos de servicios para que les cierren las cuentas. En el caso Skanska se probó la emisión de facturas truchas para disimular el pago de coimas para la construcción de un gasoducto. La propia constructora sueca admitió los sobornos.
En mayo de 2007, el director de la regional Comodoro Rivadavia de la AFIP , Norman Williams, inició una seria investigación por el uso de facturas apócrifas de empresas vinculadas con la obra pública.
Williams lo hizo bajo la supervisión y el impulso de su jefe directo, el subdirector nacional de Operaciones Impositivas, Jaime Mecikovsky. A su vez Mecikovsky puso al tanto a su superior, el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Horacio Castagnola. Y Castagnola hizo lo propio con Alberto Abad.
Williams, Mecikovsky y Castagnola son profesionales de carrera, pero no ingenuos. Por eso informaron a sus jefes las cosas como eran. Explicaron que la investigación tocaba a sociedades consideradas amigas del poder. Y denunciaron que los montos de las irregularidades eran tan importantes que, si hacían la vista gorda, podían ser denunciados ante la justicia penal. Este es el relato de uno de los agentes que participó en la cocina de la investigación:
-No fuimos a buscar a las empresas amigas del Presidente. Lo que hicimos fue meternos en la base de datos de proveedores del Estado. Y lo primero que saltó, en la Región Comodoro , fue una gran usina de facturas apócrifas vinculadas a la obra pública. Saltó enseguida, porque la actividad económica en la región no es significativa. Tierra del Fuego no paga impuestos, las petroleras están bajo la órbita de Grandes Cuentas Nacionales y la mayoría de las pesqueras tiene dirección fiscal en Capital y Gran Buenos Aires. En un momento, descubrimos que la conexión de las facturas llegaban hasta el Banco de Chubut y muchas empresas importantes de la Patagonia. Los encontramos con Gotti SA, Austral Construcciones, Badial SA, Gancedo SA y Casino Club SA. Gotti, Austral y Badial se las adjudican a Báez. Casino Club es de Cristóbal López. Cuando tuvimos todo chequeado, le enviamos el informe a Abad. Lo hicimos antes de las inspecciones integrales. Le advertimos que, sin haber profundizado todavía, la evasión llegaba a casi nueve millones de pesos. Y que, si no empezábamos a investigar, podíamos ir presos los peritos, por el artículo 15, inciso C, de la Ley Penal Tributaria.
Según tres fuentes independientes consultadas, Abad les transmitió que continuaran la investigación.
El 10 de diciembre asumió Cristina Fernández.
El 11 de marzo de 2008 Abad, todavía número uno de la AFIP , se enfrentó en público con Ricardo Echegaray, entonces responsable de la Aduana.
El motivo aparente: Echegaray había cuestionado el Sistema María, una base de datos que conecta a las aduanas y delegaciones de todo el país. Sostenía que era vulnerable y que había que implementar otro. Abad consideró que había pasado por encima de su autoridad.
El 18 de marzo la Presidente le aceptó la renuncia a los dos.
El 5 de mayo Claudio Moroni asumió en la AFIP. Días después convocó a Castagnola y le comunicó:
-Me piden las cabezas de Mecikovsky y de Williams.
-¿Quién te las pide? -preguntó Castagnola.
Moroni hizo una seña con el pulgar hacia el techo. La orden venía desde lo más alto. Después explicó:
-Dicen que tienen contactos con el ARI. Que le pasan información.
Castagnola se lo comunicó a Mecikovsky. Y este respondió:
-Nosotros trabajamos para el Estado. No para el gobierno. Hacé lo que tengas que hacer.
Cuando Castagnola todavía estaba pensando qué hacer, recibió una información inquietante: en la Regional Comodoro ya se estaba empezando a mencionar al reemplazante de Williams. Y tenía nombre y apellido: Héctor Alejandro Sartal, supervisor interino de la División Fiscalización Número 4 de la Dirección Regional Palermo.
Todos sabían de quién se trataba. Sartal era una persona obediente. Y su nivel técnico dejaba mucho que desear.
En junio de 2008, Norman Williams, enterado de las fuertes presiones políticas, renunció. La carta de despedida a sus compañeros fue muy emotiva. Los que la leyeron comprendieron que se había sacrificado para que Castagnola y Mecikovsky pudieran continuar en la organización.
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